Simetría

Por Melina G. Barbosa

Diferentes ponentes del feminismo expusierón lo reduccionista que es el nuevo dictamen aprobado por el senado el pasado 5 de noviembre durante la conferencia de “Violencia Mediática y Violencia Digital” llevada a cabo el 30 de noviembre a través de la cuenta de Facebook de “Nosotras tenemos otros datos”.

Este mismo va dirigido a incluir la violencia mediática y la violencia digital como modalidades en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sin embargo, en este contexto y durante los últimos años, se han observado las modificaciones de estas reformas legislativas únicamente relacionadas a la difusión de imágenes sexuales sin consentimiento. Aunque esta misma ha sido popularmente identificada como una ley (Ley Olimpia), en realidad se trata de una limitada reforma al código penal. Pues tan solo se contemplan a las víctimas de difusión sin consentimiento de imágenes sexuales, dejando de lado a otros tipos de violencia digital tales como:

• Voyerismo digital
• Discursos de odio sexistas
• Acoso indirecto: incluye amenazas
• Acoso directo
• Hackeo
• Stalking
• Doxing
• Violaciones a la privacidad
• Suplantación de identidad
• Abuso o explotación sexual basada en imágenes

Para explicar sobre cómo la violencia digital y la violencia mediática afectan el pleno desarrollo de la vida de las mujeres y que no es una discusión nueva, la Dra. Aimeé Vega Montiel, representante ante la UNESCO del Global Alliance on Media and Gender, argumentó que la agenda feminista histórica ha sido y es central en este debate para señalar las responsabilidades del estado, así como de los dueños de los medios y las plataformas como eje de la continua violencia contra las mujeres.

“En nuestro país hemos demostrado mediante diagnósticos, cómo los medios de comunicación normalizan la violencia contra las mujeres en su discurso. En una semana son reproducidos 10,000 veces los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a través de los medios de mayor audiencia. Lo que observamos es una constante centrada en la apología a la revictimización”.

Por otro lado, Lulú V. Barrera, feminista e integrante del colectivo Luchadoras, compartió la investigación realizada por su mismo colectivo. Dicho reporte expuso lo siguiente:

1. En los últimos tres años se han abierto 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

2. El 84.46% de las víctimas fueron mujeres.

3. El 83% de las carpetas siguen sin trámite, algunas por más de tres años.

En cuanto a términos legislativos, las abogadas Agneris Sampieri, integrante de Red en Defensa de los Derechos Digitales y Priscilla Ruiz, de Articulo 19, explicaron la importancia de darle seguimiento a todas las formas en las que los estados van adoptando estas reformas, y que es vital que todas tengan una perspectiva de género teniendo en cuenta que son las mujeres las principales afectadas.

La abogada Agneris Sampieri argumentó que “Dentro de la legislación, se contempla la persecución de contenido íntimo y sexual, y muchos llegamos al análisis de que esta definición resulta ambigua y puede acarrear consecuencias para las propias víctimas. ¿Por qué? Porque se exige un estándar probatorio mucho más alto e innecesario que obstaculiza el procedimiento y resalta la revictimización de las mujeres”

Con relación al mismo tema de la legalidad, la también abogada Priscilla Ruiz compartió que Artículo 19, medio que monitorea las amenazas a la libertad de expresión a nivel internacional, efectuó un amparo debido a la falta de una orden judicial con respecto a las remociones de contenido e inclusive realizaron tres guías completas sobre Facebook, Twitter y Google para poder remover contenido que haya sido difundido sin consentimiento alguno. 

Para finalizar el evento, la integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, Carolina Pacheco, expuso una detallada presentación que evidenciaba la cultura patriarcal inmiscuida en materia legislativa, mediática y sociocultural. 

“Solo armar una carpeta de investigación puede tomar dos años, intentar mandar a la cárcel a los agresores, es decir la vía penal, no es la más rápida, el sistema penal está saturado, es caro, es revictimizador y es lento también.”