Simetría

Por: Javier Ramírez

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Cámara Nacional del Comercio realizaron una plática llamada #ProtegeTuElección, sobre los delitos electorales que pudieran ocurrir en este próximo proceso electoral.

Gilberto de Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, se encargó de exponer los tipos de delitos en materia electoral y las acciones que está realizando la FEDE para prevenirlos, así como sus respectivas sanciones.

Algunos de los delitos más comunes, según dicha fiscalía, en estas jornadas de elecciones son la solicitud del voto a cambio de dinero, presión a electores dentro y fuera de la casilla, la retención de credenciales electorales, entre muchos otros; estos tienen una sanción desde seis meses a tres años de prisión junto a una multa de 50 a 100 días de salario mínimo.

Cabe recordar que estas infracciones a la ley pueden ser realizadas por cualquier persona, como servidores públicos, funcionarios electorales, ministros de cultos religiosos y muchos otros, incluyendo los mismos candidatos o precandidatos a un puesto de elección pública.

Es por eso, que conforme a intereses, se pueden presenciar condicionamiento de programas de beneficencia y servicios públicos por el voto, así como amenazas, entre muchos otros chantajes o ataques; mismos que se sancionaría de dos a nueve años de cárcel y multas de 200 a 400 días de salario mínimo. 

En los últimos tres años se han realizado 844 denuncias, mil 200 actos de investigación y se han detenido a 32 personas. Cabe mencionar que la FEDE no es la encargada de sentenciar castigos, sino el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales. 

“Nosotros tenemos esta función, que es brindarle a la ciudadanía una estabilidad política y paz social, somos la única institución en materia de justicia que tiene esta función para que todos nosotros vayamos este 6 de junio de manera libre y secreta”, comentó De Hoyos Koloffon.

Finalmente, Gilberto comentó que la FEDE mantiene una estrecha relación con instituciones educativas y privadas, donde se han capacitado en materia de delitos electorales a cerca de 25 mil personas y seguirán buscando acercarse a la ciudadanía con el objetivo de una estabilidad política.